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MENORES EXTRANJEROS

El Congreso aprueba el reparto de menores migrantes con el rechazo del PP

Los populares desoyen los llamamientos al consenso y votan en contra junto a Vox. El Gobierno prevé iniciar el traslado antes del verano

Los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego celebran la convalidación del decreto, este jueves en los pasillos del Congreso.
Xosé Hermida

Un sonoro aplauso y hasta alguna exclamación de júbilo retumbaron en la bancada del PP cuando su compañera Ana Alós anunció desde la tribuna del hemiciclo: “Votaremos en contra del decreto”. Casi un año después, tras un sinfín de desencuentros y hasta de una votación fallida, el Congreso certificó por fin este jueves un nuevo sistema para la acogida de menores inmigrantes al convalidar el decreto aprobado el mes pasado por el Gobierno. La aprobación de la norma que establece criterios de distribución obligatoria entre las comunidades autónomas se daba por hecha, la única incógnita era qué haría el PP. Y optó por la posición más dura: acompañar a Vox decorando el marcador electrónico de la Cámara con el rojo de los votos negativos.

Con todo, la convalidación salió delante de forma holgada, 179 votos favor, 170 en contra y una abstención, la del diputado de UPN Alberto Catalán, quien se desmarcó del bloque de la derecha y, pese a censurar los criterios previstos en el decreto, señaló que no quería “poner problemas”. Cuando la presidenta, Francina Armengol, dio cuenta del resultado, la ovación pasó a las bancadas de la izquierda. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de defender el decreto ante la Cámara, se emocionó hasta las lágrimas. Torres, que se había despedido temporalmente del hemiciclo porque lo van a operar para extirparle un tumor, le dio un cariñoso toque en el muslo a su vecina de escaño, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, el otro departamento que ha gestionado el asunto. Y el socialista y la miembro de Sumar se fundieron en un abrazo. En la tribuna de invitados también hubo felicitaciones para el otro artífice del acuerdo, el presidente canario, Fernando Clavijo. Torres había avanzado que el Gobierno prevé iniciar el traslado antes del verano.

Los llamamientos al PP para que al menos no rechazase el nuevo sistema se sucedieron durante el debate. El primero de todos partió del ministro Torres, quien reclamó “altura de miras” y “sentido de Estado”. Torres recordó que los populares pactaron con Coalición Canaria (CC) en 2023 abordar una regulación semejante para conseguir el voto favorable de esa formación a la luego fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. “No hemos hecho otra cosa que lo que ustedes hubiesen tenido que hacer de haber estado gobernando”, esgrimió el ministro, tras aludir a los 6.000 menores que permanecen hacinados en Canarias.

Al PP lo apelaba también la presencia entre los invitados de Clavijo, líder de CC que gobierna en alianza con el PP y llevaba un año persiguiendo tenazmente un acuerdo para aliviar el colapso de los servicios de acogida en el archipiélago. En el atril de los oradores se escucharon peticiones directas a los populares tan inusuales como las de Noemí Santana, diputada canaria de Podemos, o del socialista Luc André Diouf, quien convocó: “Únanse al consenso y al frente antirracista”. Sin citar directamente al PP, la única diputada de CC, Cristina Valido, razonó: “Es un asunto de Estado, no un problema ni una responsabilidad de Canarias”.

Esas invocaciones al consenso se mezclaron con críticas más o menos veladas a la actitud del PP en los últimos meses. Jon Iñarritu, de EH Bildu, se declaró “indignado” por el tiempo transcurrido sin dar solución al problema y arremetió contra los que “han jugado al desgaste del Gobierno poniéndolo por delante de los derechos humanos”. Maribel Vaquero, del PNV, deploró que haya comunidades autónomas que “no quieren asumir su parte de responsabilidad” cuando otras no dan abasto. El más ácido en sus ataques a los populares fue el diputado mallorquín de Sumar Vicenç Vidal, que directamente les llamó “racistas” ―la bancada del PP apenas estaba prestando atención y ni se inmutó― y alardeó: “Tenemos que venir los rojos, comunistas y separatistas a resolver un grave problema de esta sociedad por el interés superior de los menores”.

El PP se demoró en revelar el sentido de su voto. Las palabras en los pasillos de algunos de sus diputados podían dar a entender una posible abstención. A ellos les correspondía cerrar el debate y, según fue avanzando el discurso de Ana Alós, con críticas cada vez más subidas de tono, se empezó a intuir el rechazo, confirmado al final y celebrado con alborozo en la bancada.

Los populares han venido denunciando que, una vez más, el Gobierno privilegia a Cataluña por sus pactos con Junts. Alós lo repitió al asegurar que esa comunidad solo recibirá 20 menores mientras que a Madrid y Andalucía les corresponderán 800. El Ejecutivo contraargumenta que esto es así porque Cataluña ya tiene acogidos a muchos más chicos migrantes que esas dos comunidades con gobiernos del PP. Josep Maria Cervera, diputado de Junts ―que el año pasado contribuyó a tumbar el primer intento de establecer unos criterios de reparto― insistió en esa idea: “Somos pioneros, tenemos un número de plazas muy por encima”. Pero el PP descargó la artillería completa de críticas: el Gobierno “impone un mecanismo unilateral”, una “chapuza jurídica” que “invade competencias autonómicas”, que acrecentará el ya mítico “efecto llamada” y que, en definitiva, encarna la “constatación del fracaso absoluto de la política migratoria”.

Vox casi siempre es capítulo aparte y más en este tema. Para darle relevancia a su intervención, sacó a la portavoz del grupo, Pepa Millán, a recitar el catálogo de horrores que la extrema derecha atribuye a la inmigración: robos, violaciones, islamización, yihadismo… Millán se mostró escandalizada ante el hecho de que el Gobierno “haga pagar a los españoles la manutención” de los menores no acompañados. Y lo atribuyó a que “los españoles son la última prioridad” para el Ejecutivo. Como el ministro Torres había recordado que décadas atrás eran cientos de miles de españoles quienes buscaban una vida mejor en otros países, Millán le replicó que aquellos “no violentaban las leyes”.

El discurso de Vox soliviantó a la izquierda. A nadie en mayor grado que al diputado de ERC Jordi Salvador, quien dejó de lado el discurso que tenía escrito en catalán y se dedicó a glosar pasajes evangélicos sobre la acogida a los forasteros tras recordar que la extrema derecha se declara católica devota. “Si Jesucristo viniera hoy”, manifestó, “ustedes lo expulsarían por menor inmigrante”.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
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